La tragedia climática que asola Rio Grande do Sul desde mayo tiene un capítulo dramático: la reestructuración del aeropuerto Salgado Filho. Privatizado en 2017, el aeropuerto fue concedido a la empresa alemana Fraport hasta 2042. Con las fuertes lluvias, la pista y el edificio del aeropuerto quedaron completamente inundados, causando daños a la infraestructura. Sin previsión de que vuelva a funcionar*, hay un juego de tira y afloja entre la empresa y el Estado por la responsabilidad de las obras.
Fraport es bien conocida por la población de Rio Grande do Sul por sus violaciones de los derechos de la comunidad de Vila Nazaré, al norte de Porto Alegre. Esta comunidad estaba situada en las afueras del aeropuerto, donde vivían familias desde hacía décadas, cuando las obras de ampliación de la pista e instalación de un sistema de drenaje provocaron una acción agresiva de la empresa contra la comunidad. Tras recurrir a una empresa subcontratada para desalojar a las familias, en un proceso marcado por la violencia y la arbitrariedad, las 2.000 familias fueron realojadas en urbanizaciones de la periferia de la ciudad y siguen esperando que se instalen infraestructuras, seguridad y servicios públicos de vivienda adecuados.
Un nuevo capítulo en las infracciones de Fraport surgió con las inundaciones que dejaron bajo el agua la pista y el edificio, así como gran parte de la capital del estado. Desde que dejó de llover, la empresa ha intentado eximirse de la responsabilidad de reconstruir el aeropuerto, alegando que las obras corresponderían al Estado, ya que gestiona una concesión y no es la propietaria. Más tarde, representantes de la empresa alemana afirmaron que tal declaración era desafortunada por parte de la administración brasileña, y que estarían abiertos al diálogo.
El gobierno federal está llevando a cabo negociaciones con Fraport para reabrir el aeropuerto. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) está analizando los costes presentados por Fraport para la reestructuración, así como la solicitud de revisión contractual presentada alegando un caso ocasional. Curiosamente, la misma empresa que anuncia su sostenibilidad y su compromiso de compensar las emisiones de combustible de aviación con créditos procedentes de la supuesta preservación y reducción de emisiones forestales (REDD), que gestiona su aeropuerto central en Fráncfort (Alemania), no dudó en tomar medidas para drenar la pista del aeropuerto alemán en 2023 cuando se inundó. ¿Qué cambia? ¿Es la legislación alemana sobre concesiones más estricta con las empresas transnacionales? ¿Por qué la misma empresa actúa de forma tan diferente en casos similares en distintos países?
Otras quejas contra la empresa se refieren al sistema de protección contra inundaciones. El diputado estatal Matheus Gomes denunció ante el Ministerio Público Federal que Fraport había reducido la inversión necesaria para el sistema de drenaje del aeropuerto. Según el diputado, la empresa no siguió las instrucciones del proyecto dadas por el departamento municipal responsable, el DEP (Departamento de Drenaje Pluvial), que fue suprimido en 2017. El Ministerio Público Federal está investigando el caso.
El aeropuerto Salgado Filho es el noveno mayor del país, responsable de un intenso flujo de pasajeros, que las operaciones, trasladadas a la base aérea de Canoas desde mayo, no han podido atender. Este caso constituye una violación de los derechos de los habitantes de Rio Grande do Sul y de la libre circulación de personas, ya que su movilidad no está garantizada debido a un obstáculo contractual, del mismo modo que la rápida recepción de donaciones y solidaridad por vía aérea en el estado se vio obstaculizada en el momento más crítico de las inundaciones. Está claro que la prestación de servicios públicos por parte de las empresas se centra únicamente en la obtención de beneficios.
El caso es también un paradigma de la reproducción de las injusticias ambientales y de las falsas soluciones del capital a la emergencia climática. La concesión, dada poco después del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff por el entonces presidente Michel Temer, forma parte de un proceso de profundización del neoliberalismo en el país. La conquista de cada vez más espacios y servicios públicos por empresas transnacionales dilucida el choque entre los derechos de los pueblos y los derechos de las empresas, en el que las transnacionales siempre se benefician y gozan de impunidad en materia de derechos humanos y crímenes u omisiones ambientales. Un caso más que refuerza la urgencia de un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, y a nivel nacional el PL 572/2022, un marco nacional para responsabilizar a las empresas por violar derechos que eluden su responsabilidad histórica por el cambio climático, ya sea en la mitigación, adaptación o respuesta a las pérdidas y daños causados por eventos climáticos cada vez más intensos y frecuentes. Recuperar la democracia, los servicios y la gestión pública y regular las empresas transnacionales forma parte del cambio de sistema necesario para alcanzar la justicia climática en un clima que ya ha cambiado.
*Tras la publicación de este artículo, se anunció que el aeropuerto reanudaría sus operaciones en octubre.
Artículo publicado originalmente en portugués en el diario Brasil de Fato el https://www.brasildefato.com.br/2024/08/12/reconstrucao-no-rio-grande-do-sul-manobras-da-fraport-resultam-na-continuidade-de-violacoes-dos-direitos-humanos
