Reconstrucción en Rio Grande do Sul: las maniobras de Fraport provocan continuas violaciones de los derechos humanos
La tragedia climática que asola Rio Grande do Sul desde mayo tiene un capítulo dramático: la reestructuración del aeropuerto Salgado Filho. Privatizado en 2017, el aeropuerto fue concedido a la empresa alemana Fraport hasta 2042. Con las fuertes lluvias, la pista y el edificio del aeropuerto quedaron completamente inundados, causando daños a la infraestructura. Sin previsión de que vuelva a funcionar*, hay un juego de tira y afloja entre la empresa y el Estado por la responsabilidad de las obras. Fraport es bien conocida por la población de Rio Grande do Sul por sus violaciones de los derechos de la comunidad de Vila Nazaré, al norte de Porto Alegre. Esta comunidad estaba situada en las afueras del aeropuerto, donde vivían familias desde hacía décadas, cuando las obras de ampliación de la pista e instalación de un sistema de drenaje provocaron una acción agresiva de la empresa contra la comunidad. Tras recurrir a una empresa subcontratada para desalojar a las familias, en un proceso marcado por la violencia y la arbitrariedad, las 2.000 familias fueron realojadas en urbanizaciones de la periferia de la ciudad y siguen esperando que se instalen infraestructuras, seguridad y servicios públicos de vivienda adecuados. Un nuevo capítulo en las infracciones de Fraport surgió con las inundaciones que dejaron bajo el agua la pista y el edificio, así como gran parte de la capital del estado. Desde que dejó de llover, la empresa ha intentado eximirse de la responsabilidad de reconstruir el aeropuerto, alegando que las obras corresponderían al Estado, ya que gestiona una concesión y no es la propietaria. Más tarde, representantes de la empresa alemana afirmaron que tal declaración era desafortunada por parte de la administración brasileña, y que estarían abiertos al diálogo. El gobierno federal está llevando a cabo negociaciones con Fraport para reabrir el aeropuerto. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) está analizando los costes presentados por Fraport para la reestructuración, así como la solicitud de revisión contractual presentada alegando un caso ocasional. Curiosamente, la misma empresa que anuncia su sostenibilidad y su compromiso de compensar las emisiones de combustible de aviación con créditos procedentes de la supuesta preservación y reducción de emisiones forestales (REDD), que gestiona su aeropuerto central en Fráncfort (Alemania), no dudó en tomar medidas para drenar la pista del aeropuerto alemán en 2023 cuando se inundó. ¿Qué cambia? ¿Es la legislación alemana sobre concesiones más estricta con las empresas transnacionales? ¿Por qué la misma empresa actúa de forma tan diferente en casos similares en distintos países? Otras quejas contra la empresa se refieren al sistema de protección contra inundaciones. El diputado estatal Matheus Gomes denunció ante el Ministerio Público Federal que Fraport había reducido la inversión necesaria para el sistema de drenaje del aeropuerto. Según el diputado, la empresa no siguió las instrucciones del proyecto dadas por el departamento municipal responsable, el DEP (Departamento de Drenaje Pluvial), que fue suprimido en 2017. El Ministerio Público Federal está investigando el caso. El aeropuerto Salgado Filho es el noveno mayor del país, responsable de un intenso flujo de pasajeros, que las operaciones, trasladadas a la base aérea de Canoas desde mayo, no han podido atender. Este caso constituye una violación de los derechos de los habitantes de Rio Grande do Sul y de la libre circulación de personas, ya que su movilidad no está garantizada debido a un obstáculo contractual, del mismo modo que la rápida recepción de donaciones y solidaridad por vía aérea en el estado se vio obstaculizada en el momento más crítico de las inundaciones. Está claro que la prestación de servicios públicos por parte de las empresas se centra únicamente en la obtención de beneficios. El caso es también un paradigma de la reproducción de las injusticias ambientales y de las falsas soluciones del capital a la emergencia climática. La concesión, dada poco después del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff por el entonces presidente Michel Temer, forma parte de un proceso de profundización del neoliberalismo en el país. La conquista de cada vez más espacios y servicios públicos por empresas transnacionales dilucida el choque entre los derechos de los pueblos y los derechos de las empresas, en el que las transnacionales siempre se benefician y gozan de impunidad en materia de derechos humanos y crímenes u omisiones ambientales. Un caso más que refuerza la urgencia de un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, y a nivel nacional el PL 572/2022, un marco nacional para responsabilizar a las empresas por violar derechos que eluden su responsabilidad histórica por el cambio climático, ya sea en la mitigación, adaptación o respuesta a las pérdidas y daños causados por eventos climáticos cada vez más intensos y frecuentes. Recuperar la democracia, los servicios y la gestión pública y regular las empresas transnacionales forma parte del cambio de sistema necesario para alcanzar la justicia climática en un clima que ya ha cambiado. *Tras la publicación de este artículo, se anunció que el aeropuerto reanudaría sus operaciones en octubre. Artículo publicado originalmente en portugués en el diario Brasil de Fato el https://www.brasildefato.com.br/2024/08/12/reconstrucao-no-rio-grande-do-sul-manobras-da-fraport-resultam-na-continuidade-de-violacoes-dos-direitos-humanos
Reconstruction in Rio Grande do Sul: Fraport’s manoeuvres result in continued human rights violations
The climate tragedy that has ravaged Rio Grande do Sul since May has a dramatic chapter: the restructuring of Salgado Filho Airport. Privatised in 2017, the airport was granted to the German company Fraport until 2042. Due to intense rains, the runway and airport building were completely flooded, causing infrastructure damages. With no expected return to operation*, a blame game has ensued between the company and the state over the responsibility for the repairs. Fraport is well-known to the people of Rio Grande do Sul due to violations against the community of Vila Nazaré in the northern area of Porto Alegre. This community was located near the airport, where families had lived for decades, when the runway extension and drainage system installation works led to aggressive actions by the company against the community. After a third-party company was hired to remove the families in a process marked by violence and arbitrariness, the 2,000 families were relocated to peripheral housing complexes and are still waiting for adequate infrastructure, safety conditions, and public services for housing. A new chapter of Fraport’s violations has emerged with the floods that left the runway, the building, as well as much of the capital of Rio Grande do Sul underwater. Since the rains ceased, the company has tried to distance itself from responsibility for the airport’s reconstruction, claiming that the work should be the state’s responsibility since they manage a concession and are not the owner. Later, the German company representatives claimed that such statement was unfortunate on the part of the Brazilian administration and that they were open to dialogue. The federal government is now conducting negotiations with Fraport for the reopening of the airport. The National Civil Aviation Agency (ANAC) is analysing the costs presented by Fraport for restructuring, as well as the company’s request for contractual revision, based on the argument of an extraordinary event. Curiously, the same company, which promotes its sustainable efforts and commitment to offsetting aviation fuel emissions through forest preservation and emission reduction credits (REDD), did not hesitate to drain the runway at its headquarters in Frankfurt, Germany, during a 2023 flood. What’s different? Is the German concession legislation more stringent with multinational companies? Why does the same company act so differently in similar cases in different countries? Other allegations against the company involve the flood protection system. State Representative Matheus Gomes reported to the Federal Public Prosecutor’s Office that Fraport had reduced the necessary investments for the airport’s drainage system works. According to the representative, the company did not follow the project guidelines given by the responsible municipal department, the DEP (Department of Storm Sewers), which was dissolved in 2017. The Federal Public Prosecutor’s Office is investigating the case. Salgado Filho Airport is the ninth largest in the country, responsible for a significant passenger flow, which the operations relocated to the airbase in Canoas since May cannot accommodate. This case constitutes a violation of the rights of the people of Rio Grande do Sul and people’s freedom of movement, as their mobility is not ensured due to a contractual impasse. It also made it difficult to quickly receive donations and solidarity through air in that state in the most critical moment of the floods. It is evident that the provision of public services by companies is solely focused on profit. This case is also a paradigm of the reproduction of environmental injustices and the false solutions of capital in the face of climate emergency. The concession, granted shortly after the coup against President Dilma Rousseff by then-president Michel Temer, is part of a process of deepening neoliberalism in the country. The increasing takeover of public spaces and services by multinational companies highlights the clash between the rights of people versus the rights of companies, where multinationals always come out on top, enjoying impunity in matters of human rights and environmental crimes or omissions. This is yet another case that underscores the urgency of a Binding Treaty on multinational companies and human rights. Nationally, it highlights the need for the bill PL 572/2022, a national framework for holding accountable the companies that violate rights, evade their historical responsibility regarding climate change, whether in mitigation actions, adaptation, or response to the increasingly intense and frequent climate-related losses and damages. Restoring democracy, public services and management, and regulating multinational companies are part of the necessary systemic change to achieve climate justice in an already changed climate. * After the publication of this article, it was announced that the airport should resume operations in October Article originally published in Portuguese in the newspaper Brasil de Fato on https://www.brasildefato.com.br/2024/08/12/reconstrucao-no-rio-grande-do-sul-manobras-da-fraport-resultam-na-continuidade-de-violacoes-dos-direitos-humano
Cúpula dos Povos Rumo a COP30 – Carta Política e Adesão de novas organizações e movimentos
A Cúpula dos Povos vem se organizando desde as bases da luta para marcar presença, construir espaços e incidir na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, também chamada de COP30. O evento está previsto para ocorrer em novembro de 2025, na cidade de Belém, no Pará (Brasil). A Amigas da Terra Brasil participa das reuniões de organização e articulação da Cúpula dos Povos. Como organização, pauta ir à raiz dos problemas que vêm sendo enfrentados pelos povos desde a colonização do Brasil, e que se aprofundam e assumem outras facetas com a emergência climática. A ATBr assina a carta e convida demais organizações, coletivos, construções de base, territórios, movimentos sociais e iniciativas a assinarem e somarem nessa construção. Leia a carta abaixo e assine aqui! Cúpula dos Povos Rumo a COP30 – Carta Política e Adesão de novas organizações e movimentos Movimentos sociais e populares, coalizões, coletivos, redes e organizações da sociedade civil do Brasil vem, desde agosto de 2023, construindo um processo de convergência entre organizações e movimentos de mulheres, sindicais, indígenas, agricultores/as familiares e camponeses, quilombolas, de povos e comunidades tradicionais, de povos tradicionais de matriz africana, negras e negros, juventudes, inter-religiosos, ambientalistas, trabalhadores/as, midialivristas, culturais, estudantes, de favelas e periferias, LGBTQIAPN+, de pessoas com deficiência, de direitos humanos, de defesa da infância, adolescência e intergeracional, das cidades, do campo, das florestas e das águas, rumo a realização da Cúpula dos Povos como espaço autônomo à COP 30 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), na Amazônia. Nosso objetivo é fortalecer a construção popular e convergir pautas de unidade das agendas: socioambiental, antipatriarcal, anticapitalista, anticolonialista, antirracista e de direitos, respeitando suas diversidades e especificidades, unidos por um futuro de bem-viver. No contexto atual, mais do que nunca, precisamos avançar em espaços coletivos que defendam a democracia e a solidariedade internacional, enfrentem a extrema direita, o fascismo, os fundamentalismos, as guerras, a financeirização da natureza e a crise do clima. O clima extremo, as secas, as cheias, os deslizamentos de terras e as falsas soluções climáticas servem como instrumento de aprofundamento da desigualdade e das injustiças ambientais e climáticas, principalmente nos territórios, e atingem de forma cruel aqueles e aquelas que menos contribuíram para a crise climática, ecológica e civilizatória. A insuficiência de medidas para conter tais crises é alarmante. Países e tomadores de decisão têm se omitido ou apresentado soluções absolutamente ineficientes colocando em risco a meta de 1,5º do Acordo de Paris. Investimentos que alimentam as mudanças climáticas têm crescido nos últimos anos e políticas de proteção aos povos indígenas, populações tradicionais têm sido desmanteladas e suas lideranças, ameaçadas e assassinadas. Soluções reais são urgentes e a sociedade civil de todo mundo deve ser protagonista em todos os espaços de debate desta agenda. A COP 30 precisa representar um ponto de virada neste cenário, e endereçar as ações necessárias para o enfrentamento da crise climática. É preciso rever o modelo econômico vigente e eliminar a produção e queima de combustíveis fósseis, responsável por mais de ⅔ das emissões que provocam o aquecimento global, bem como implementar políticas para o desmatamento zero. Urge acordos internacionais por uma transição energética justa, a começar pelos mais ricos, além da responsabilização dos impactos causados pelas corporações transnacionais do agronegócio, da mineração, do setor energético, imobiliário e de infraestrutura, que hoje significam ameaça às populações locais. É urgente que se intensifique a luta contra o crime organizado, grupos paramilitares e mercadores de carbono, que vem se instalando de forma crescente em diversos territórios. Que combata as ameaças e ofereça proteção e garantia de direitos aos defensores ambientais e de direitos humanos, com atenção a ratificação do Acordo de Escazú e outros de suma importância. É fundamental que ocorra uma transição justa, popular e inclusiva; o direito à terra e território por meio da reforma urbana, agrária e fundiária; a demarcação, titulação e regularização dos territórios indígenas, quilombolas, pesqueiros e tradicionais; o estabelecimento de sistemas alimentares onde a soberania alimentar seja o foco, com fomento à agroecologia, à valorização da produção familiar, camponesa e da pesca artesanal, da economia indígena, solidária e feminista; o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos; a proteção das áreas oceânicas, de terras raras e maretórios; a proteção da biodiversidade; a geração de trabalho decente, emprego e renda e de políticas de cuidado; a consolidação do direito à cidade com políticas urbanas como políticas ambientais; a implementação de políticas específicas para atingidos climáticos; de acesso a água potável e saneamento básico; de prevenção e adaptação climática, em especial nas periferias urbanas e nos territórios indígenas e tradicionais; a erradicação do racismo ambiental e estrutural, e da violência contra as mulheres e meninas, diferentes culturas e visões de mundo; promoção da comunicação livre e da diversidade cultural; políticas para a juventude negra viva; e medidas de reparação e democratização do financiamento climático justo, fora do mercado de carbono e de endividamento, com estruturação de fundos e governança pelas comunidades. Demandamos que o governo brasileiro exerça papel de liderança na agenda socioambiental adotando essas políticas, indispensáveis para o avanço da justiça climática, a partir do Sul Global. Porém, nada disso irá ocorrer sem uma ampla pressão e participação efetiva da sociedade civil. Convocamos as organizações, redes, coletivos e movimentos sociais dos mais diversos segmentos para construir a Cúpula dos Povos rumo à COP 30, que seja capaz de mobilizar a opinião pública, fortalecer a democracia participativa e popular, denunciar e barrar retrocessos, bem como pressionar tomadores de decisões no Brasil e no mundo. Brasília, 02 de agosto de 2024. Assinam: Amigas da Terra Brasil Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) ANA Amazônia Aliança Amazônia Clima Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) Articulação de Mulheres do Amapá Assembleia Mundial da Amazônia (AMA) Articulação Nacional dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente do Brasil Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) AS-PTA – Agricultura Familiar e Agroecologia Associação Alternativa Terrazul Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé Associação dos Povos Indígenas da Terra Indígena São
