El avance de la megaminería y la concentración de riqueza contra la vida y los bienes comunes
La publicación “Del campo a la ciudad: historias de lucha por el derecho de los pueblos a la tierra y a la vida” explica como Rio Grande do Sul se está volviendo el nuevo territorio en la mira de la minería en el país. Existen docenas de proyectos que, caso fueran aprobados, volverían el estado el tercero de Brasil con más grande actividad minera. Al mismo tiempo que avanzan megaproyectos con potenciales impactos para comunidades y bienes comunes, docenas de organizaciones y movimientos populares se están articulando para combatir de frente la instalación de los proyectos de extracción. Para Charles Trocate, miembro de la coordinación nacional de MAM (Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería), la cuantidad crecente de pedidos de investigación, de orden minera y de inversiones en minería se explica de modo general por tres fenómenos en la minería en el mundo actualmente: “el primero es que los capitalistas han ganado mucho dinero con el reaseguro [el seguro de las seguradoras] de las inversiones; segundo, es que en el modo clásico el capitalista solo obtenía la plusvalía de su inversión cuando la mena se había transformado en producto, y ese producto había sido vendido. Con la financiarización de la economía, los minerales arrancados de la tierra cumplen la plusvalía para el capitalista en la forma de arrancarlo de la tierra y en la forma de transporte, o sea, hay algunos minerales que nunca se volverán productos, quedarán almacenados en algún lugar del globo, también cumpliendo plusvalía”, explica Trocate. El tercer elemento, según el integrante de la coordinación de MAM, se refiere a los agentes intermediarios: “la precificación de la naturaleza en el caso de las commodities minerales tiene sus agentes intermediarios, que son aquellos que hacen préstamos para las grandes empresas de minería, los que ayudan a determinar el valor de la commodity, como grandes bancos que hacen parte de esa cadena global de producción minera”. Sumase aún a las presiones del mercado para la expansión de la megaminería en Brasil, el hecho de que un acuerdo comercial negociado entre la Unión Europea y el Mercosur, todavía no ratificado, contenga previsión de reducción tarifaria para aumentar aún más las exportaciones de mena bruta para el continente europeo. Megaproyectos en Rio Grande do Sul (RS) Los grandes proyectos de minería que vienen siendo combatidos por la población gaucha siguen uno de los elementos básicos del guion de los mega emprendimientos de extracción en el Sur Global: sin participación, diálogo ni al menos consulta a las poblaciones atingidas. En la ciudad de Caçapava do Sul, Nexa (del Grupo Votorantim) pretende extraer metales pesados como plomo, zinc y cobre a la orilla del Río Camaquã. Caso sea instalada, la mina de Nexa consumiría 150 metros cúbicos de agua del Camaquã a cada hora de actividad. Actualmente, gracias a la resistencia de los moradores de la región, el proyecto no ha obtenido licenciamiento, pero la amenaza continua ya que la empresa posee diversos procesos protocolados en ANM (Agencia Nacional de Minería). Según la ANM, solo en el estado de Rio Grande do Sul, la empresa minera posee cerca de 280 procesos en andamiento, muchos ya en fase de autorización de investigación. En la ciudad de Lavras do Sul, el proyecto Três Estradas, de la empresa Águia Fertilizantes S.A., pretende extraer yacida de fosfato en área próxima a la ciudad de Dom Pedrito. La mena es de interés de las gigantes del agronegocio como Bunge, que ya tuvo minas y fosfateras vetadas por la Justicia Federal, como en el caso de Anitápolis, en Santa Catarina. La región de las “Três Estradas” es una de las más preservadas del bioma Pampa. La ganadería familiar es la principal fuente de renta de las pequeñas granjas que ocupan el lugar hace cientos de años. Con proyectos controvertidos – la empresa ha enviado diferentes versiones para ser licenciadas, Águia prevé instalar una presa de relaves dos veces más grande que la de la empresa Vale en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais (esta presa rompió en 2019, matando a más de 270 personas soterradas, además de destruir parte de la ciudad y del medio ambiente). En caso de rompimiento, los relaves podrían llegar al Uruguay, creando un embrollo internacional, pasando por el municipio de Rosário do Sul y por la famosa Playa de las Arenas Blancas. Sin embargo, los estudios de la empresa no preveían los impactos de una posible filtración en la presa. El CEDH-RS (Consejo Estadual de Derechos Humanos de Rio Grande do Sul) ha recomendado a la FEPAM (Fundación Estadual de Protección al Medio Ambiente, un órgano técnico del gobierno del estado de Rio Grande do Sul) anular la licencia previa concedida al proyecto, llevando en consideración la recomendación del Comité de los Pueblos y Comunidades Tradicionales de la Pampa que ha documentado daños irreparables para el territorio y para la comunidad tradicional de ganaderos familiares de la región. Un laudo pericial antropológico, solicitado por el MPF (Ministerio Público Federal), reconoce que ganaderos familiares que viven en el área de influencia configuran una comunidad tradicional, con un modo de vida único. El Proyecto Retiro de extracción de titanio, de la empresa Rio Grande Mineração S.A., una remodelación de proyectos similares como el Bujuru presentado en 2000 en el municipio de São José do Norte, había sufrido una derrota impuesta por la movilización de agricultores y pescadores de la región, quienes lograron alterar el Plan Director para prohibir grandes proyectos de minería en el área. Sin embargo, el plan no tiene efecto retroactivo, por tanto, la Licencia Previa (LP) emitida por el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente, vinculado al gobierno federal) en 2017, sigue con vigencia, y la empresa puede iniciar un pedido de Licencia de Instalación a cualquier momento. La LP expira este mes de junio. El proyecto Mina Guaíba, de la empresa Copelmi, que pretende instalar la más grande mina de carbón a cielo abierto en Brasil, y una de las más grandes de América Latina, entre los municipios
The advance of mega mining companies and the concentration of wealth against life and the common goods
The publication of “From the countryside to the city: stories of struggle for the right of people to land and life” explains how Rio Grande do Sul is becoming the new mining territory in the country. There are dozens of projects which, if approved, would make the state the third in Brazil with the highest mining activity. While mega projects with potential impacts in the community and the common goods advance, dozens of organizations and popular movements prepare themselves to fight against the implementation of extractive projects. For Charles Trocate, member of the national coordination of MAM (Movement for Popular Sovereignty in Mining), the rising number of requests for research, registrations and investments in mining can be explained in general by three phenomena of mining in the world nowadays: “the first one is that the capitalists have been making a lot of money with reinsurance [the insurance of the insurance companies] of the investments; secondly in the classical mode, the capitalists only obtained surplus value from their investment when the ore had become a product, and that product had been sold. With the financialization of the economy, the ores taken from the land generate surplus value to the capitalists when they are taken from the land and during the transportation, i.e., some ores will never become a product, instead staying stored somewhere in the globe also generating surplus value”, explains Trocate. The third element, according to the member of the coordination of MAM, refers to the intermediate agents: “The pricefication of nature in the case of mineral commodities has its intermediate agents, those who make loans to the big mining companies, the ones who help to determine the value of the commodity, like the big banks which are part of that global mineral production chain”. Besides the pressures of the market for expansion of mega mining companies in Brazil, there is the fact that a commercial agreement between the European Union and Mercosur, which has not been ratified yet, contains a prediction of tax reduction to increase the exportations of ore to the European continent even more. Mega projects in Rio Grande do Sul (RS) The big mining projects which have been fought against by the local population follow one of the basic elements of the script adopted by the extracting mega entrepreneurs in the global South: no participation, no dialogue, much less any consultation to the damaged population. In the city of Caçapava do Sul, Nexa (from the Votorantim group) intends to extract heavy metals like led, zinc and copper from the riverside of Camaquã River. If implemented, the mine from Nexa will consume 150 cubic meters of water from the Camaquã river each working hour. Presently, thanks to the resistance of the local inhabitants, the project has not obtained a license, but the threat continues since the company has various lawsuits filed at ANM (National Mining Agency). According to ANM, only in the state of Rio Grande do Sul the mining company has around 280 ongoing suits, many of which in the phase of authorisation of research. In the city of Lavras do Sul, the project Três Estradas (Three Roads) from the company Aguia Fertilizer S.A. intends to mine a phosphate field in an area close to the city of Dom Pedrito. The ore is of interest to giants of agribusiness like Bunge, which has already had some mines and phosphate fields vetoed by the Federal Justice as in the case of Anitápolis in Santa Catarina. The region of the Three Roads is one of the best preserved in the Pampa biome. Family ranching is the main income source of the small properties which have been occupying the place for hundreds of years. With controversial projects – the company has sent different versions to be licenced, Aguia aims to install a tailings dam which will be twice as big as the company Vale’s dam in Brumadinho in the state of Minas Gerais (which burst in 2019, killing more than 270 people buried, besides destroying part of the city and the environment). In case of bursting, the tailings could get to Uruguay, creating an international imbroglio, passing through the city of Rosario do Sul and the famous beach of Areias Brancas. Yet, the studies of the company did not foretell the impacts of a possible leakage in the dam. CEDH-RS (State Council of Human rights from Rio Grande do Sul) recommended FEPAM (State Foundation of Protection to the Environment, a technical organ of the government of the state of Rio Grande do Sul) should nullify the previous licence conceded to the project, taking into consideration the recommendation of the Committee of Traditional Peoples and Communities from the Pampa, which documented irreparable damages to the territories and the traditional community of family ranchers in the region. An anthropological technical repot requested by MPF (Federal Public Ministry) recognizes that family ranchers who live in the area of influence configurate a traditional community with a unique lifestyle. The Retiro Project of extraction of titanium from Rio Grande Mining Company S.A., a remake of similar projects like Bujuru, presented in 2000 in the city of São José do Norte, had suffered a loss imposed by the mobilization of ranchers and fishermen from the region, who managed to alter the City Statute to prohibit big mining projects in the area. However, it does not have retroactive effect, therefore the Initial Licence issued by Ibama (Brazilian Environment Institute, associated with the federal government) in 2017 is still valid, and the company can request an implementation licence at any moment. The Initial Licence expires this month of June. The project Mina Guaíba from the company Copelmi, which intends to implement the biggest open-air coal mine in Brazil, and one of the biggest in Latin America, between the cities of Eldorado do Sul and Charqueadas, 16 km from the centre of the capital Porto Alegre, has not advanced in the last period, also thanks to the mobilisation of CCM-RS (Committee for Combating Mega Mining Companies in
O avanço da megamineração e a concentração de riqueza contra a vida e os bens comuns
A publicação “Do campo à cidade: histórias de luta pelo direito dos povos à terra e à vida” explica como o Rio Grande do Sul vem se tornando o novo território na mira da mineração no país. Existem dezenas de projetos que, caso aprovados, tornariam o estado o terceiro do Brasil com maior atividade minerária. Ao tempo que avançam megaprojetos com potenciais impactos para comunidades e bens comuns, dezenas de organizações e movimentos populares se articulam para combater de frente a instalação dos projetos extrativos. Para Charles Trocate, membro da coordenação nacional do MAM (Movimento pela Soberania Popular na Mineração), a quantidade crescente de pedidos de pesquisa, de lavra e de investimentos em mineração se explica de modo geral por três fenômenos na mineração no mundo atualmente: “o primeiro é que os capitalistas têm ganho muito dinheiro com o resseguro [o seguro das seguradoras] dos investimentos; segundo, é que no modo clássico o capitalista só obtinha a mais-valia do seu investimento quando o minério tinha se transformado em produto, e esse produto tinha sido vendido. Com a financeirização da economia, os minerais arrancados da terra cumprem a mais-valia para o capitalista na forma de arrancá-lo da terra e na forma de transporte, ou seja, tem alguns minerais que nunca virarão produtos, ficarão armazenados em algum lugar do globo, também cumprindo mais-valia”, explica Trocate. O terceiro elemento, segundo o integrante da coordenação do MAM, refere-se aos agentes intermediários: “a precificação da natureza no caso das commodities minerais tem seus agentes intermediários, que são aqueles que fazem empréstimos para as grandes empresas de mineração, os que ajudam a determinar o valor da commodity, como grandes bancos que fazem parte dessa cadeia global de produção mineral”. Somam-se ainda às pressões do mercado para a expansão da megamineração no Brasil, o fato de um acordo comercial negociado entre a União Europeia e o Mercosul, ainda não ratificado, conter previsão de redução tarifária para aumentar ainda mais as exportações de minério bruto para o continente europeu. Megaprojetos no Rio Grande do Sul (RS) Os grandes projetos de mineração que vêm sendo combatidos pela população gaúcha seguem um dos elementos básicos do roteiro dos megaempreendimentos extrativos no Sul Global: sem participação, diálogo nem, muito menos, consulta às populações atingidas. Na cidade de Caçapava do Sul, a Nexa (do Grupo Votorantim) pretende extrair metais pesados como chumbo, zinco e cobre às margens do Rio Camaquã. Caso seja instalada, a mina da Nexa consumiria 150 metros cúbicos de água do Camaquã a cada hora de atividade. Atualmente, graças à resistência dos moradores da região o projeto não obteve licenciamento, mas a ameaça continua já que a empresa possui diversos processos protocolados na ANM (Agência Nacional de Mineração). Segundo a ANM, só no estado do Rio Grande do Sul, a mineradora possui cerca de 280 processos em andamento, vários já em fase de autorização de pesquisa. Em Lavras do Sul, o projeto Três Estradas, da empresa Águia Fertilizantes S.A., pretende minerar jazida de fosfato em área próxima à cidade de Dom Pedrito. O minério é de interesse das gigantes do agronegócio como a Bunge, que já teve minas e fosfateiras vetadas pela Justiça Federal, como no caso de Anitápolis, em Santa Catarina. A região das “Três Estradas” é uma das mais preservadas do bioma Pampa. A pecuária familiar é a principal fonte de renda das pequenas fazendas que ocupam o local há centenas de anos. Com projetos controversos – a empresa enviou diferentes versões para serem licenciadas, a Águia prevê instalar uma barragem de rejeitos duas vezes maior que a da empresa Vale em Brumadinho, no estado de Minas Gerais (esta barragem rompeu em 2019 matando mais de 270 pessoas soterradas, além de destruir parte da cidade e do meio ambiente). Em caso de rompimento, os rejeitos poderiam chegar ao Uruguai, criando um imbróglio internacional, passando pelo município de Rosário do Sul e pela famosa Praia das Areias Brancas. Ainda assim, os estudos da empresa não previam os impactos de um possível vazamento da barragem. O CEDH-RS (Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul) recomendou à FEPAM (Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, um órgão técnico do governo do estado do Rio Grande do Sul) anular a licença prévia concedida ao projeto, levando em consideração a recomendação do Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa que documentou danos irreparáveis para o território e para a comunidade tradicional de pecuaristas familiares da região. Um laudo pericial antropológico, solicitado pelo MPF (Ministério Público Federal), reconhece que pecuaristas familiares que vivem na área de influência configuram uma comunidade tradicional, com um modo de vida único. O Projeto Retiro de mineração de titânio, da empresa Rio Grande Mineração S.A., uma repaginação de projetos similares como o Bujuru apresentado em 2000 no município de São José do Norte, havia sofrido uma derrota imposta pela mobilização de agricultores e pescadores da região, que conseguiram alterar o Plano Diretor para proibir grandes projetos de mineração na área. No entanto, o plano não tem efeito retroativo, portanto a Licença Prévia (LP) emitida pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ligado ao governo federal) em 2017, continua em vigência, e a empresa pode entrar com pedido de Licença de Instalação a qualquer momento. A LP vence nesse mês de junho. Já o projeto Mina Guaíba, da empresa Copelmi, que pretende instalar a maior mina de carvão a céu aberto do Brasil, e uma das maiores da América Latina, entre os municípios de Eldorado do Sul e Charqueadas, a 16 km do centro da capital Porto Alegre, não avançou no último período, também graças à mobilização do CCM-RS (Comitê de Combate à Megamineração no estado Rio Grande do Sul). O estudo realizado por um painel de especialistas do CCM-RS e enviado à FEPAM, responsável pelo licenciamento, fez com que o órgão solicitasse mais de 100 novas informações à empresa.Também existem diversas ações na Justiça para impedir o avanço do projeto. Entre elas, há uma ação que exige a realização de consulta livre, prévia
