La Amazonia va a derribar a Bolsonaro
En la gestión de Bolsonaro, iniciada en 2019, la Amazonia estuvo en llamas como nunca, una clara relación entre la destrucción de la floresta y la expansión del agronegocio y de la minería, así como el avance del plan liberal de destrucción socioambiental. ¡Bruno Pereira y Dom Phillips presentes! El antropólogo Viveiros de Castro dijo que la muerte es un acontecimiento corporal que uno solo experiencia en el otro. Así, todo lo que sabemos consiste en observar la muerte del otro y darle nuestros significados. Es precisamente sobre ese cualificar del hecho de que movimientos populares recuerden la memoria de Bruno y Dom, no como aquellos que fueron víctimas de un crimen aislado por algún pescador ilegal, pero como grandes luchadores de los derechos indígenas y de la preservación de la Amazonia, cuyo legado deberá seguir resonando. Por detrás de sus muertes se desvela el violento proceso implementado por el Gobierno Bolsonaro de genocidio de los pueblos indígenas en Brasil. A principios del gobierno, en 2019, la Amazonia se incendió como nunca y, según entidades indígenas, hay una clara relación entre la destrucción del bosque y la expansión del agronegocio y de la minería. Apuntan incluso la conexión con empresas transnacionales e inversores del Norte Global y su complicidad en la destrucción de la floresta y sus pueblos. Es necesario recordar que, en su discurso como candidato a la presidencia, Bolsonaro siempre defendió la completa paralización del reconocimiento y titulación de los territorios indígenas y quilombolas. Decía él: “ni un solo centímetro de tierra indígena será demarcada”. Cuanto al desmantelamiento de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) – principal órgano del Estado brasileño para la protección de los derechos de los pueblos indígenas – se manifestó: “vamos a pasar la hoz”. En la dirección contraria de la ola progresista latino-americana de respeto a la pluralidad, diversidad e identidad cultural de los pueblos, el gobierno camina, en las palabras del presidente, para “proporcionar los medios para que el indio sea igual que nosotros”. El Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) y la Asociación de Servidores e Indigenistas de la FUNAI (INA) presentaron, en junio de 2022, un estudio detallado sobre la “Nueva FUNAI” (término utilizado por el actual presidente Marcelo Xavier), en lo cual concluyen que el órgano se volvió anti indígena. Justo al principio de la gestión de Bolsonaro, el gobierno editó la Medida Provisoria 870, transfiriendo la FUNAI del Ministerio de la Justicia (donde estuvo desde 1991) para el (ultraconservador) Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos (MMFDH). En la misma normativa, desplazó la identificación y la demarcación de Tierras Indígenas para el Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), el clásico Ministerio del agronegocio. Ésas, entre otras medidas, como la separación de la atención a la salud indígena, fragmentaron la política indigenista, creando un escenario de caos de gestión que inviabiliza la ejecución de las políticas y hacen aún más vulnerables los pueblos originarios de Brasil, en flagrante violación de sus derechos por el Estado, que tiene obligación constitucional de garantizarlos. El cambio de competencia para la demarcación de tierras indígenas permaneció hasta la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que determinó, en agosto de 2019, que el Ejecutivo no podría legislar sobre el tema. A pesar de la decisión, la demarcación sigue paralizada y esperando el juzgamiento del STF contra la tesis anti indígena del Marco temporal. El resultado es la explosión de conflictos, ataques y violencia brutal en Tierras Indígenas que asistimos diariamente: las invasiones al territorio Yanomami por mineros, el abuso y la violencia sexual como arma en esa guerra; el mismo caso de los pueblos aislados en el Valle del Javari (AM), amenazados por mineros, narcotráfico y pesca ilegal, desnudando la gravedad de la falta de respeto a los pueblos en aislamiento voluntario. Difícil también es la situación de los Guaraní y Kaiowá, que conviven con verdaderas milicias privadas del agronegocio en Mato Grosso do Sul, las que atacan retomadas con apoyo de los poderes públicos locales. De acuerdo con el Consejo Indígena Misionario (CIMI), hay un aumento en las invasiones y explotación ilegal en Tierras Indígenas durante el Gobierno Bolsonaro: solo en 2020, fueron registrados 263 casos, que atingen 201 Tierras Indígenas, 145 pueblos en 19 estados, evidenciando que la política de desmonte es estructural. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denomina esa acción del gobierno contra los pueblos indígenas como genocidio, llegando a denunciar Jair Bolsonaro en el Tribunal Penal Internacional. La FUNAI convive aún con un corte gigantesco en su presupuesto, alrededor de 40%, que afecta directamente la actuación de los servidores para la continuidad de los trabajos de promoción y protección de los derechos indígenas. Una de las políticas adoptadas en la actual gestión es el no atendimiento de indígenas en áreas de retomada de sus territorios ancestrales, lo que implica dejar docenas de ellos completamente al margen del Estado, no existiendo ninguna actuación ni siquiera para pacificación de conflictos. Entre las 39 Coordinaciones Regionales de FUNAI, solo dos cuentan con servidores de carrera de la institución. Han sido indicados por la gestión actual: 17 militares, 3 policiales militares, 2 servidores de la Policía Federal y 6 profesionales sin vínculo anterior. Éstos últimos han sido objeto de polémicas, ya que muchos son indicaciones religiosas hechas por el MMFDH. En el caso del Vale del Javari, la coordinación de Bruno Pereira fue substituida por un ex pastor evangélico, siendo uno de los sectores más sensibles de la FUNAI, el de pueblos aislados, que exige el máximo de experiencia para el respeto a su autodeterminación. El freak show ocurre diariamente. Tal como Bruno, que fue exonerado del cargo de Coordinación en 2020 por su actuación, hay una persecución sistemática de funcionarios con la retirada de sus atribuciones, el desplazamiento compulsorio de localidades, la explosión de procesos administrativos contra funcionarios, una serie de denuncias criminales encaminadas por el propio presidente de la FUNAI. Algunos funcionarios son acusados de actuar por “cuestiones ideológicas”, de ser vinculados al “PT”. Otro hecho escandaloso fue cuando el urucú pintado
The Amazon will bring Bolsonaro down
In the Bolsonaro administration, started in 2019, the Amazon was on fire as never before, in a clear relation between the destruction of the forest and the expansion of agribusiness and mining, as well as the advance in the liberal plan of socioenvironmental destruction. Bruno Pereira and Dom Phillips present! The anthropologist Viveiros de Castro once said that death is a body event which we can only experience with someone else. Therefore, all we know consists of observing someone else’s death and attribute our meanings to it. It is precisely about that qualification of the fact the popular movements bring back the memory of Bruno and Dom, not as those who were victims of an isolated crime by an illegal fisherman, but as great fighters for indigenous rights and the preservation of the Amazon, whose legacy will live on. Behind their deaths lies the violent genocide process implemented by the Bolsonaro administration of indigenous peoples in Brazil. At the beginning of his administration in 2019, the Amazon was on fire as never before and, according to indigenous organisations, there is a clear relation between the destruction of the forest and the expansion of agribusiness and mining. They even point out the connection with transnational companies and investors from the Global North and their complicity in the destruction of the forest and its peoples. We must remember that in his speeches while running for president, Bolsonaro always defended a complete halt in the acknowledgement and granting of territory to indigenous and quilombola people. He said “Not a centimetre of indigenous land will be demarcated”. About the dismantling of the National Indigenous Foundation (FUNAI) – main body of the Brazilian state for protecting the rights of indigenous people – he added: “We will scythe it”. Going against the Latin American progressist wave of respect to plurality, diversity and cultural identity of the peoples, the government aims, in the words of the president, to “provide the means for the indigenous people to be like us”. The institute of Socioeconomic Studies (INESC) and the Association of Workers and Indigenists of FUNAI (INA) presented, in June 2022, a study with details about the “New FUNAI” (expression used by the present president Marcelo Xavier), in which they conclude that that body has become anti-indigenist. Right at the beginning of the Bolsonaro administration, the government issued the Provisional Measure 870, transferring FUNAI from the Ministry of Justice (where it had been since 1991) to the (ultra conservative) Ministry of Woman, Family and Human Rights (MMFDH). In the same normative deliberation, he moved the identification and demarcation of Indigenous Lands to the Ministry of Agriculture, Ranching and Supplying (MAPA), the classical Ministry of agribusiness. Those, among other measures like the separation of indigenous health care, fragmented the indigenist policies, creating a scenario of management chaos which makes the execution of public policies unfeasible. It also brings more vulnerability to the original peoples of Brazil, in a blatant violation of their rights by the State, which has the constitutional obligation to grant them. The change in competence for the demarcation of indigenous land remained until the decision of the Federal Supreme Court (STF), which determined in August 2019 that the Executive Power could not legislate over that matter. In spite of that decision, demarcation is still halted and waiting for the judgement of STF against the anti-indigenist thesis of the Time Frame. The result is the outburst of conflicts, attacks and brutal violence in Indigenous Lands which we see every day: invasions to the Yanomami land by miners; abuse and sexual violence as a weapon in this war; the case of the isolated peoples in Javari Valley (AM), threatened by miners, drug dealers and illegal fishing, unravelling the seriousness of the disrespect to peoples in voluntary isolation, as well as the situation of the Guarani and Kaiowá, who must deal with the real private militias of the agribusiness in Mato Grosso do Sul, which attack with the support of the local public powers. According to the Missionary Indigenist Council (CIMI), there is an increase in the invasions and illegal exploitation in Indigenous Lands during the Bolsonaro administration: only in 2020, 263 cases were registered, which affects 201 Indigenous Lands, 145 peoples in 19 states, making it evident that the dismantling policy is structural. The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) calls that government action against the indigenous peoples a genocide, and they have gone as far as to denounce Jair Bolsonaro in the International Criminal Court. FUNAI still has to deal with a huge budget cut of around 40%, which directly affects the actions of its servants for the continuity in the works of promotion and protection of indigenous rights. One of the policies adopted in the present administration is not offering service to indigenous people in areas where their ancestral land is being retaken, which implies leaving dozens of them completely at the margin of the State, without any action whatsoever to pacify the conflicts. Out of 39 Regional Coordinations of FUNAI, only two have servants who developed a career in the institution, having been nominated by the present administration: 17 military personnel, 3 military policemen, 2 servants of the Federal Police and 6 professionals without previous connection. These last ones have been a source of controversy, as many of them are religious indications made by the MMFDH. In the case of Javari Valley, the coordination of Bruno Pereira was substituted by a former evangelic pastor, in one of the most sensitive sectors of FUNAI, the one of isolated peoples, which demands a lot of experience to respect their self-determination. The horror show happens every day. Like Bruno, who was exonerated from the position of coordination in 2020 due to his actions, there is a systematic persecution of servants by removing their attributions, changing places compulsorily; and an explosion of administrative lawsuits against servants, a series of criminal denounces made by FUNAI’s president himself. Some servants are accused of acting with “ideological issues”, of being
