Solidaridad popular contra el maquillaje ético de las empresas
Desde abril de 2020, hemos visto un aumento en las campañas de donación debido a la profunda crisis económica impulsada por la pandemia, pero también anterior a ella, y de responsabilidad del gobierno Bolsonaro, en obediencia al poder empresarial-financiero. Infelizmente, una parte de la población brasileña ha pasado a depender de esas acciones para tener acceso a los bienes más básicos, fundamentalmente la alimentación. Las donaciones han sido fundamentales, pero como siempre, es necesario diferenciar la caridad y el slogan publicitario de la solidaridad real. Existen campañas promovidas por los medios de comunicación, redes de supermercados y grandes empresas, y acciones de solidaridad hechas por organizaciones y movimientos populares. En primer lugar, delante de la profunda crisis económica que asola el país, uno de los principales deberes de las grandes empresas, de los medios de comunicación hegemónicos e incluso del agronegocio, es el de pagar sus deudas con el Estado para que éste pueda llevar a cabo las políticas necesarias de combate a la pandemia y a los impactos del desempleo de niveles históricos. El canal de televisión SBT tiene, según la Procuraduría-General de la Hacienda Nacional, una deuda de R$ 97,2 millones con el gobierno federal. Luciano Hang, dueño de la autodenominada “gigante minorista” Havan, y uno de los empresarios que más defiende el gobierno de Jair Bolsonaro, ha eludido, según afirmó la Receta Federal el año pasado, casi R$ 2,5 millones desde 2013 en contribución de previsión social. Hasta el año pasado, el lobby ruralista, por medio de la Confederación de Agricultura y ganadería de Brasil, intentaba legalizar el incumplimiento al gobierno federal de más de R$ 34 mil millones por deudas con el Fondo de Asistencia al Trabajador Rural (Funrural), o sea, también contribución de previsión social. En el caso de Havan, la empresa propagandea una acción por la cual logró arrecadar justamente el valor de R$ 2,5 millones solamente en 2020. La campaña Vuelto Solidario es la típica campaña de supermercado en que el protagonista de las donaciones es la gente, no la empresa en cuestión. El valor arrecadado es destinado a instituciones definidas por la empresa. El poder empresarial aumenta en la medida en que el Estado permite incumplimientos y no dispone de los recursos que le pertenecen, permitiendo que, en casos como éste que no son aislados, la caridad (con el dinero de los otros) ocupe de forma ilusoria el lugar de las políticas públicas. Y el proceso todo aún sirve como “maquillaje ético” para empresas que no respetan los derechos laborales de sus trabajadores/as. Junto a diversos movimientos populares, nosotros de Amigos de la Tierra hacemos parte de un frente justamente para denunciar esas falsas acciones de solidaridad provenientes de las empresas. Durante la pandemia, esos movimientos y organizaciones populares están haciendo justicia al conocimiento popular por lo cual sabemos que quien más ayuda es quien menos tiene. Ésa es la solidaridad de clase. Solamente en 2020, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) donó 4 mil toneladas de alimentos y 700 mil platos de comida para familias de trabajadoras y trabajadores en situación de vulnerabilidad social. El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo ha creado las Cocinas Solidarias en varios estados del país, y el Fondo de Solidaridad Sin Techo, que ha posibilitado la donación de canastas básicas de alimentos y kits de higiene básica para cerca de 20 mil familias en 2020. La Marcha Mundial de las Mujeres lleva adelante acciones de solidaridad en diversos estados del país, también para garantizar que lleguen a miles de familias alimentos básicos y productos de higiene, y para ayudar a mujeres que están en situación de violencia, una realidad que se ha profundizado durante la pandemia. Las centrales sindicales también han protagonizado acciones de solidaridad para donar canastas de alimentos o de insumos básicos, como gas de cocina, en el caso de las acciones realizadas por los petroleros. Este año, la Coalición Negra por Derechos lanzó la campaña Hay gente con hambre, junto a otras entidades, visando donar canastas básicas a más de 220 familias que viven en periferias, favelas, palafitos, comunidades ribereñas y quilombos en todo el país. La población negra no solo ha sido la más afectada por el hambre y la miseria, como ha sido la población más impactada por el coronavirus. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), con poblaciones fuertemente impactadas por la pandemia, también ha creado un frente de combate a la pandemia llamado Emergencia Indígena, que delante de la omisión y campaña de desinformación del gobierno federal, ha creado barreras sanitarias proprias en las comunidades para evitar contagio, además de tener que realizar campañas informativas para combatir las noticias falsas sobre la pandemia. Las organizaciones LGBT vienen organizando en todo el país acciones como fondos comunes, donaciones de canastas básicas, asesoría jurídica y cuidados médicos. Muchas de esas acciones son realizadas en red entre todos esos movimientos, sindicatos y articulaciones. Como Amigos de la Tierra, hacemos parte de esa red de solidaridad popular, incrementada durante la pandemia, por ejemplo, por medio de la Alianza Feminismo Popular y de acciones de solidaridad con las aldeas Guaraníes en el estado de Rio Grande do Sul. Es importante destacar que, diferentemente del maquillaje ético hecho por las grandes empresas durante la pandemia, las acciones de solidaridad de los movimientos populares tienen un carácter político explícito, y denuncian no solo los impactos del coronavirus, pero todos los retrocesos que el gobierno Bolsonaro viene promocionando en todas las áreas posibles: contra indígenas, negros, mujeres, quilombolas, trabajadores/as, LGBTQIA+ y contra los bienes comunes y territorios que habitan. Hablamos sobre este asunto en el texto ¡Red de solidaridad para construir otra realidad! En la publicación Del campo a la ciudad: historias de lucha por el derecho de los pueblos a la tierra y a la vida. Vea el trabajo aquí. Lea la actualización capítulo a capítulo : “Han borrado una ciudad del mapa” – La destrucción de un barrio en Porto Alegre con más de 5 mil personas y
Popular solidarity against the ethical makeup of companies
Since April 2020, we have been watching an increase in the donation campaigns due to the serious economic crisis made worse by the pandemic, but also previous to it. The crisis is responsibility of the Bolsonaro administration, which obeys the corporate-financial power. Unfortunately, part of the Brazilian population depends on those actions to have access to basic goods, essentially food. The donations have been fundamental, but as usual, it is necessary to differentiate charity and marketing slogans from real solidarity. There are campaigns promoted by the mass media, supermarket chains, and actions of solidarity organised by popular organisations and movements. In the first place, considering the deep economic crisis which sweeps the country, one of the main duties of the big companies, the hegemonic media and even agribusiness is to pay their debts to the State so that it can carry out the policies necessary to fight the pandemic and the impacts of historical unemployment levels. The TV channel SBT has, according to the Attorney General of the National Treasury, a debt of R$ 97.2 million with the Federal Government. Luciano Hang, owner of the self-called “giant of retail” Havan, and one of the businessmen who defends the Bolsonaro administration more ardently, has evaded since 2013, according to the Federal Revenue department’s report last year, almost R$ 2.5 million in taxes. Until last year the rural lobby, through the Brazilian Confederation of Agriculture and Livestock, had been trying to legalise bad debts of more than R$ 34 billion to the Federal Government related to the Fund for Assistance to Rural Workers (Funrural), i.e., also due taxes. In Havan’s case, that company boasts an action through which it raised exactly the quantity of R$ 2.5 million only in 2020. The campaign Solidary Change is the typical supermarket campaign in which the protagonists of the donations are the people, not the company. Corporate power increases as the State allows bad debts, and does not have the resources which belong to it available, allowing that in cases like this, which are not isolated, charity (with someone else’s money) falsely take the place of public policies. And the whole process still serves as an “ethical makeup” for companies which do not respect the labour rights of their employees. Along with many popular movements, we from Friends of the Earth make part of a front precisely to denounce those false solidary actions coming from companies. During the pandemic, those popular movements and organisations have been confirming the popular saying that the ones who have less, help more. That is class solidarity. Only in 2020, the Landless Rural Workers Movement (MST) donated 4 thousand tons of food and 700 thousand take-aways to families of workers in situation of social vulnerability. The Homeless Workers Movement created the Solidary Kitchens in many states in the country, and the Homeless Solidarity Fund, which made possible the donation of food parcels and hygiene products, and to help women in a situation of violence, a reality which got much worse during the pandemic. The national trade union centres have also created solidary actions to donate baskets with food or basic goods like kitchen gas, in the case of the actions organised by petrol workers. This year, the Black Coalition for Rights launched the campaign People are hungry, along with other entities, aiming to donate food parcels to more than 220 families which live in poor areas, favelas, stilt houses, riverside communities and quilombos all over the country. The black population has not only been the most affected by hunger and poverty, but also the most impacted by coronavirus. The Articulation of Indigenous Peoples from Brazil (Apib), with populations hugely impacted by the pandemic, has also created a combat front against the pandemic called Indigenous Emergency which, with the omission and misinformation campaign of the federal government, has been installing their own sanitary barriers in the communities in order to avoid contamination, besides having to lead informative campaigns to fight fake news about the pandemic. LGBT organisations have been organising all over the country actions like chipping-ins, donation of food parcels, juridical assistance and medical care. Many of those actions are performed in a network among all those movements, unions and articulations. As Friends of the Earth, we make part of that network of popular solidarity, enlarged during the pandemic, for example, by Popular Feminism Alliance and solidarity actions with the Guarani communities in the state of Rio Grande do Sul. It is important to emphasise that, differently from the ethical makeup of the big companies during the pandemic, the solidarity actions of popular movements have an explicit political character, and they denounce not only the impacts of coronavirus, but all the backward steps that the Bolsonaro administration has been taking in all possible areas: against indigenous people, black people, women, quilombolas, workers, LGBTQIA+ and against the common goods and territories where they inhabit. We talk more about this issue in the text Solidarity network to build another reality! In the publication From the countryside to the city: stories of struggle for the right of people to land and life. See the work here. Read the update chapter by chapter: “A city has been removed from the map” – The destruction of a neighbourhood in Porto Alegre with more than 5 thousand people and over 50 years of history The advance of mega mining companies and the concentration of wealth against life and the common goods Bolsonaro administration as an instrument for advancing the corporative power over the common goods of the peoples
Solidariedade popular contra a maquiagem ética das empresas
Desde abril de 2020, assistimos a um aumento das campanhas de doações devido à profunda crise econômica, aumentada pela pandemia mas também anterior a ela, e de responsabilidade do governo Bolsonaro, em obediência ao poder empresarial-financeiro. Infelizmente, uma parte da população brasileira passou a depender dessas ações para ter acesso aos bens mais básicos, fundamentalmente a alimentação. As doações têm sido fundamentais, mas como sempre é preciso diferenciar a caridade e o slogan publicitário da solidariedade real. Existem campanhas promovidas pela grande mídia, redes de supermercados e grandes empresas, e ações de solidariedade organizadas por organizações e movimentos populares. Em primeiro lugar, diante da profunda crise econômica que assola o país, um dos principais deveres de grandes empresas, da mídia hegemônica e até o agronegócio, é o de pagarem suas dívidas com o Estado, para que este possa levar a cabo as políticas necessárias de combate à pandemia e aos impactos do desemprego de níveis históricos. O canal de televisão SBT tem, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, uma dívida de R$ 97,2 milhões com a União; Luciano Hang, dono da autodenominada “gigante do varejo” Havan e um dos empresários que mais defende o governo de Jair Bolsonaro sonegou, segundo a Receita Federal no ano passado, quase R$ 2,5 milhões desde 2013 em contribuição previdenciária; até o ano passado o lobby ruralista, por meio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, tentava legalizar o calote à União de mais de R$ 34 bilhões por dívidas com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), ou seja, também contribuição previdenciária. No caso da Havan, a empresa propagandeia uma ação pela qual conseguiu arrecadar justamente o valor de R$ 2,5 milhões somente em 2020. A campanha Troco Solidário é a típica campanha de supermercado em que as protagonistas das doações são as pessoas e não a empresa em questão. O valor arrecadado é destinado a instituições definidas pela empresa. O poder empresarial aumenta na medida em que o Estado se deixa calotear e não dispõe dos recursos que lhe pertencem, permitindo que, em casos como este que não são isolados, a caridade (com o dinheiro dos outros) ocupe de forma ilusória o lugar das políticas públicas. E o processo todo ainda serve como “maquiagem ética” para empresas que não respeitam os direitos trabalhistas de seus funcionários/as. Junto a diversos movimentos populares, nós da Amigos da Terra fazemos parte de uma frente justamente para denunciar essas falsas ações de solidariedade provenientes das empresas. Durante a pandemia, esses movimentos e organizações populares vêm fazendo jus ao conhecimento popular pelo qual sabemos que quem mais ajuda é quem menos têm. Essa é a solidariedade de classe. Somente em 2020, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) doou 4 mil toneladas de alimentos e 700 mil marmitas para famílias de trabalhadoras e trabalhadores em situação de vulnerabilidade social. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto criou as Cozinhas Solidárias em vários estados do país e o Fundo de Solidariedade Sem Teto que possibilitou a doação de cestas básicas de alimentos e kits de higiene básica para cerca de 20 mil famílias em 2020. A Marcha Mundial das Mulheres leva adiante ações de solidariedade em diversos estados do país, também para garantir que cheguem a milhares de famílias alimentos básicos e produtos de higiene e para ajudar mulheres que estão em situação de violência, uma realidade que se aprofundou durante a pandemia. As centrais sindicais também têm protagonizado ações de solidariedade para doar cestas de alimentos ou de insumos básicos, como gás de cozinha, no caso das ações realizadas pelos petroleiros. Este ano, a Coalizão Negra por Direitos lançou a campanha Tem gente com fome, junto a outras entidades, visando doar cestas básicas a mais de 220 famílias que moram em periferias, favelas, palafitas, comunidades ribeirinhas e quilombos em todo o país. A população negra não só tem sido a mais atingida pela fome e a miséria, como tem sido a população mais impactada pelo coronavírus. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), com populações fortemente impactadas pela pandemia, também criou uma frente de combate à pandemia chamada Emergência Indígena, que diante da omissão e campanha de desinformação do governo federal tem criado barreiras sanitárias próprias nas comunidades para evitar a contágio, além de ter que realizar campanhas informativas para combater as notícias falsas sobre a pandemia. As organizações LGBTs vêm organizando em todo o país ações como vaquinhas, doações de cestas básicas, assessoria jurídica e atendimento médico. Muitas dessas ações são realizadas em rede entre todos esses movimentos, sindicatos e articulações. Como Amigos da Terra fazemos parte dessa rede de solidariedade popular, aprofundada durante a pandemia, por exemplo, por meio da Aliança Feminismo Popular e de ações de solidariedade com as aldeias Guarani no estado do Rio Grande do Sul. É importante destacar que à diferença da maquiagem ética feita por grandes empresas durante a pandemia, as ações de solidariedade dos movimentos populares têm um caráter político explícito e denunciam não só os impactos do coronavírus, mas todos os retrocessos que o governo Bolsonaro vem promovendo em todas as áreas possíveis: contra indígenas, negros, mulheres, quilombolas, trabalhadores/as, LGBTQIA+ e contra os bens comuns e territórios que habitam. Falamos sobre este assunto no texto Rede de solidariedade para construir outra realidade! na publicação Do campo à cidade: histórias de luta pelo direito dos povos à terra e à vida. Confira o trabalho aqui. Leia mais nas atualizações capítulo a capítulo: “Tiraram uma cidade do mapa” – A destruição de um bairro em Porto Alegre com mais de 5 mil pessoas e mais de 50 anos de história O avanço da megamineração e a concentração de riqueza contra a vida e os bens comuns Governo Bolsonaro como instrumento de avanço do poder corporativo sobre os bens comuns dos povos
